La Corte Constitucional analizó varias tutelas que presentaron padres de familia en el año 2020, cuando se implementó un modelo de educación pública virtual por la pandemia, desde casa, y que denunciaron la falta de recursos para que sus hijos accedieran a este derecho.

Por cuenta de que los colegios ya regresaron en este 2022 a la presencialidad, la Corte declaró que ya se superó la problemática denunciada en las tutelas. Sin embargo, le impartió varias órdenes al Gobierno nacional.

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A más tardar en 6 meses, se deberá implementar “un plan o conjunto de estrategias que permitan evaluar a nivel nacional y territorial el impacto que ha tenido la pandemia generada por la COVID-19 en el servicio de educación, en los docentes y en los estudiantes”.

El Gobierno también deberá implementar una “política pública de prevención ante situaciones de pandemia, catástrofes o calamidades públicas que permitan adoptar con oportuna anticipación medidas para evitar y resolver problemas excepcionales que alteran o amenazan alterar el normal funcionamiento de la educación”.