Explosivas fueron las declaraciones que entregaron tanto el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, como el abogado Leonardo Pinilla, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el llamado escándalo del «Cartel de la Toga».

En sus testimonios salpicaron tanto a magistrados, exmagistrados, congresistas y excongresistas. Razón por la que el alto tribunal optó por tomar varias decisiones, entre ellas, compulsar copias a la misma Corte, la Fiscalía y la Comisión de Acusación para que se investigue desde cada institución, el presunto cobro de millonarias sumas de dinero a cambio de favores judiciales.

Exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz

Como primera medida la Sala Penal solicitó a la Fiscalía investigar al exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz, quien trabajó en el despacho del magistrado Gustavo Malo.

La decisión de compulsar copias en su contra se da luego de que Moreno afirmara que Ruiz habría recibido $200 millones para dilatar un proceso que cursaba en contra del representante a la Cámara por Chocó, Nilton Córdoba Manyoma, al interior del despacho del magistrado Gustavo Malo.

Daniel Alberto Cabrales Castillo y Sara Elena Piedrahita Lyons

En el caso de estos dos congresistas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, abrió investigación en su contra a raíz de la declaración que entregó el abogado Leonardo Pinilla, en las que afirmó que ambos recibieron entre “90 millones y 1100 millones de pesos, respectivamente, para sus campañas políticas provenientes de los desembolsos realizados por la Gobernación de Córdoba para el manejo de pacientes con hemofilia”.

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Excongresista, Liliana María Rendón

Para la Corte es necesario que se investigue si la excongresista Liliana Rendón, habría resultado beneficiada por parte del exmagistrado Francisco Ricaurte, en un proceso judicial, pues según declaró Moreno Ricaurte “habría evitado que se dictara una orden de captura en su contra”.

“Él (Francisco Ricaurte), me hizo el comentario, que habían evitado que la capturaran. Ni yo le pregunté por qué ni le íbamos a recibir poder a la doctora Liliana, ni yo me iba a entrevistar con ella, ni iba a tener ningún tipo de cercanía, fue un comentario que el doctor Ricaurte me hizo y en ese momento la atención estaba centrada en el proceso de Luis Alfredo Ramos”, indicó Moreno en la Corte.

Por estos hechos, la Corte solicitó que se investigue al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte.

Magistrado, Gustavo Malo

Finalmente, la Corte le pidió a la Comisión de Acusación que investigue al magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo, para determinar si incurrió en alguna irregularidad dentro del proceso que adelantó en contra del exsecretario de Presidencia, Alberto Velásquez.

La decisión se tomó a raíz de la declaración de Gustavo Moreno y la magistrada auxiliar, Sandra Arroyave. Moreno indicó que Velásquez habría pagado la suma de 300 millones de pesos “como contraprestación al compromiso adquirido por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, de suministrarle información sobre las decisiones que se tomaran en el proceso que ya se encontraba para fallo en la Corte, como también ayudarlo para la obtención de algún beneficio en el evento de proferirse una sentencia condenatoria en su contra”.

A esto se suma la declaración que entregó la magistrada auxiliar Sandra Yepes Arroyave, en la que señaló que el magistrado Malo “días antes de la reunión de Sala en donde se discutiría el proyecto de sentencia, solicitó copia de todas las pruebas que tenían que ver con el procesado Alberto Velásquez, y además no concurrir a la citada reunión, solicitó el aplazamiento de la misma argumentando querer estar presente cuando se decidiera el asunto”.

La Corte también investigará si los congresistas Niltón Córdoba Manyoma, Argenis Velásquez Ramírez, Oscar Mauricio Lizcano Arango, Matín Morales Díaz y Julio Eugenio Gallardo Archbold, estarían implicados en el denominado «Cartel de la Toga».

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