La Corte Suprema de Justicia absolvió este miércoles al exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, quien era investigado por el delito de prevaricato por la pérdida de más de 12.500 mercados y ayudas humanitarias para la ola invernal de 2007 que se pudrieron en unas bodegas.

Los mercados habían sido adquiridos por su antecesor, el exgobernador Libardo Simancas, por más de 3.900 millones de pesos, pero sólo cuando asumió Berrío Villarreal el país conoció el escándalo de los mercados podridos, en una bodega, que nunca se entregaron y tuvieron que incinerarse.

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Según el expediente, dos exfuncionarias de la Gobernación, Betty del Carmen Mercado y Lusnela París Viana, mintieron al certificar que los mercados se entregaron en su totalidad a finales de 2007, antes de que asumiera Joaco Berrío, el 1 de enero de 2008.

“Se quiso adulterar la verdad ya que las bodegas en el sector de Manzanillo denotaban que fueron tomadas en febrero de 2008 solo por uno de los contratistas, desvirtuando así que para diciembre de 2007 la mercancía adquirida por la Gobernación hubiera efectivamente ingresado”, advirtió la magistrada ponente Blanca Nélida Barreto.

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Las procesadas faltaron a la verdad en las constancias expedidas, pues la premura con que se obró denota que en vez de atender a los damnificados, se buscó amparar y proteger los intereses de los contratistas para que apareciera como si toda la mercancía adquirida mediante los contratos de 24 y 27 de diciembre, fue efectivamente entregada entre el 27 de diciembre y el 31″, agregó.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que Berrío no cometió un delito pues “pretendió salvaguardar el erario evitando que se tramitara un pago a la luz de unos contratos que no se habían ejecutado”.

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“A pesar de que el exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío en forma directa obvió adelantar las gestiones para entregar los mercados, de cuya existencia conoció, no lo hizo guiado por una decisión intransigente o pueril, sino por el fundado convencimiento que hubo acerca de la inviabilidad de hacerlo ante la ausencia de entrega de los bienes en la que comprendió una imposible tarea de procurar su recibo, lo cual desdibuja el dolo que le fue enrostrado por la Fiscalía en su acusación”, agregó la magistrada