La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años de prisión al exmagistrado Gustavo Malo, por el escándalo conocido como el ‘Cartel de la Toga’.

También lo inhabilitó por 10 años y le impuso una multa de 94.48 salarios mínimos al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.

La Corte probó que el exmagistrado se valió de su posición para intentar manipular procesos contra congresistas y exigió sobornos en el marco de un entramado corrupto.

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“Quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas -como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton- contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Ello a cambio de coimas y dádivas”, dice la Corte.

“Los acercamientos con los aforados era tarea de los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, para lo cual Malo Fernández, por intermedio de Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas”, agregó el fallo.

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Según el alto tribunal, Malo se comprometió a retirar de su cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra el exsenador Musa Besaile.

“Dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones (…) en concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el exsenador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber”, advierte el alto tribunal.

“La toga, más que un accesorio, indumentaria o prenda de vestir, es insignia de solemnidad, respeto y majestad, no de quien la porta, sino de lo que representa, que no es asunto diferente a administrar justicia. Parafraseando a Montesquieu, el juzgar, tan terrible entre los hombres, debe ser un poder invisible, para que de esta forma se tema a la magistratura, no a los magistrados”, puntualizó la sentencia.