Corte Suprema de Justicia remitió primer caso a la JEP
- Corte Suprema no impondrá medida de aseguramiento en contra del embajador Benedetti
- Otoniel menciona relación del Clan del Golfo con el Ejército para cometer falsos positivos
22/11/2017
Pese a que aún no ha entrado en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, esta ya tiene en sus manos y por orden de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia el primer caso para revisar.
Se trata del proceso que cursa en contra de Gilberto Torres Muñetón, un campesino acusado de ser alias ‘Becerro’, jefe del frente 57 de las Farc, condenado en 2006 a 37 años de prisión por la masacre de Bojayá y quien desde entonces afirma ser inocente.
Fue el año pasado que la Corte aceptó revisar dicho proceso dado a las pruebas sobrevinientes que manifestaban que en 2015 las Fuerzas Militares anunciaron dieron de baja al verdadero ‘Becerro’, cuyo nombre era José David Suárez pero se le conocía como ‘Gilberto Torres Muñetón’.
La Corte señaló que en este caso en concreto y dado a que Muñetón se acogió a la JEP para que se revisara su caso, es esa jurisdicción especial quien tiene la competencia para pronunciarse de fondo.
Explicó la corporación judicial que “esta decisión va a ser examinada por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, y que ese examen puede comprender la determinación de si existen hechos y/o pruebas nuevas que establezcan la inocencia de aquél; la continuidad del presente trámite conllevaría la usurpación de las funciones de la jurisdicción especial”.
No obstante, la decisión de la Corte va más allá, en este fallo se fijan reglas claras de revisión de sentencias por parte de la JEP.
En ese sentido aclaró que será la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz quien conozca la revisión de sentencias dictadas en procesos disciplinarios y fiscales; las de carácter penal que recaigan sobre un “combatiente” y de las sentencias penales emitidas por autoridades judiciales distintas a la Corte Suprema en procesos seguidos contra “combatientes”.
El alto tribunal recordó que “se reservó a la Corte la atribución de revisar sus propias sentencias cuando éstas se hayan proferido contra quienes no ostenten la condición de ‘combatientes’”. Siempre y cuando no se trate de un miembro de la Fuerza Pública o de las FARC-EP.