La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir una investigación penal en contra del senador Mauricio Lizcano quien había sido denunciado por presunto tráfico de influencias cuando se desempeñó como presidente del Congreso de la República.

El Alto Tribunal con ponencia de la magistrada Patricia Salazar tomó la decisión al considerar que no se logró demostrar ninguna actuación irregular por parte del senador como lo había denunciado la ciudadana Francy Milena Molina Jiménez.

En su momento Molina Jiménez había señalado que Lizcano había incurrido en supuesto tráfico de influencias por no permitir que se realizara un debate en la plenaria del Senado sobre “el proyecto de ley por medio del cual se fija el régimen propio del Monopolio Rentístico de Licores destilados y se modifica el impuesto al consumo de licores”.

Se argumentó en la denuncia que Lizcano había evitado la realización de ese debate “como presión, porque había solicitado un relevo en la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, como parte de su cuota burocrática, sin que el Gobierno hubiese accedido a su pretensión”.  

Para la Corte, contrario a lo manifestado por la denunciante, es claro según la prueba recolectada que los congresista Milton Rodríguez Sarmiento, Carlos Fernando Motoa, Daria de Jesús Galvis, Maritza Aristizabal y Ernesto Macías Tovar, “fueron quienes solicitaron aplazar la discusión y votación del proyecto de ley referente al monopolio rentístico de licores” y no Lizcano como se propiamente se había dicho.

 

PAOLA SANTOFIMIO

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