El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de un ciudadano en el marco de un atentado terrorista con explosivos, ocurrido el 14 de abril de 2002, con ocasión de un acto de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Álvaro Uribe Vélez.

La nación deberá indemnizar con 977 millones de pesos a la familia de Donaldo Pisciotti Duarte, quien falleció por encontrarse próximo a la caravana atacada.

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Su familia denunció que no se tomaron las medidas de seguridad correspondientes para prevenir un atentado contra un candidato que ya había sido objeto de otros ataques y que había sido amenazado públicamente.

Según el alto tribunal, el atentado “no era un hecho imprevisible e irresistible” pues se tenía información sobre un potencial riesgo.

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“La Policía ha debido estudiar si se podía llevar a cabo esta actividad proselitista sin poner en riesgo la vida de personas y, en caso de concluir que era posible adelantarla sin generar este riesgo, fijar las condiciones de seguridad necesarias para garantizar que se cumpliera sin contratiempos como los señalados”, advierte la corporación.

“Hay testimonios que indican que la coordinación de la seguridad fue tardía; que la entidad no tuvo conocimiento previo de la ruta que seguiría la caravana, sin poder explorar las condiciones de seguridad y tomar las medidas preventivas del caso; tampoco se pudo asegurar que la actividad se adelantara en los sitios que representaran el menor riesgo y se terminó tomando la ruta que originaba el mayor peligro”, agregan.