El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que cualquier decisión que se tome frente al caso de la EPS Medimás será adoptada por la entidad correspondiente que, en este caso, es la Superintendencia Nacional de Salud, y no la Procuraduría General de la Nación.

De esta manera, se refirió a la carta que le envió el procurador, Fernando Carrillo, a la agente liquidadora, Ángela María Echeverri, solicitando que se revoque la venta de Cafesalud al consorcio que la adquirió hace un año y que hoy opera Medimás.

En la carta el jefe del ministerio público manifiesta que Medimás no ha cumplido con los compromisos adquiridos con los pacientes y que incumplió las condiciones de la venta porque del consorcio ya no hace parte el socio que acreditó la experiencia en administración en salud.

Alejandro Gaviria señaló que tal vez en el contrato existan razones para revocarlo pero será la liquidadora quien, en la parte jurídica, tendrá que analizar la carta del Procurador y tomar una decisión.

«Debe haber respeto al orden institucional. Esas decisiones no las toma el procurador, sino la Superintendencia de Salud y quienes han venido estudiando el proceso. Habrá que analizar y tomar las decisiones correspondientes», indicó.

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El titular de la cartera de Salud manifestó que cualquier decisión debe tomarse con apego a las leyes porque, de lo contrario, las demandas podrían llegar a ser cuantiosas e imparables.

La protección de los afiliados a Medimás es otro aspecto muy importante. Esto no puede hacerse de la noche a la mañana, de buenas a primeras, y en eso debe estar involucrada la Superintendencia de Salud

agregó.

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Por su parte, el representante de la Asociación Defensa del Paciente, Francisco Castellanos, sostuvo que, aunque las quejas contra Medimás no paran, es preocupante pensar en una intervención porque en el pasado estas no han sido exitosas.

«Medimás le sigue incumpliendo a los pacientes, no autoriza a tiempo los servicios, ni entrega los medicamentos oportunamente, pero nos preocupa que no se garantice la continuidad de los tratamientos a los pacientes, son 4.2 millones de personas que no tendrían una garantía plena de acceso a los servicios», añadió Castellanos.