El exsenador Uribe realizó su primer pronunciamiento luego de que la Corte Suprema trasladó el proceso que adelantaba en su contra por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, a la Fiscalía.

Los abogados del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, solicitaron que se levante la orden de la Corte Suprema de Justicia, que el 4 de agosto ordenó su detención domiciliaria, ahora que el caso pasó a la Fiscalía General.

«Pediré a la mayor velocidad dicha libertad porque es lo que el derecho impone (…) Esperamos que lo hagan a la mayor celeridad respetando todos los procedimientos», aseguró el abogado Jaime Granados.

La decisión de la Corte Suprema de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos es consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en la Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.

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Uribe, contra quien la Corte ordenó de manera preventiva la detención domiciliaria, permanece en «El Ubérrimo», una hacienda de su propiedad situada en el departamento de Córdoba.

Desde ese momento la defensa del expresidente solicitó que su expediente pasara a manos de la Fiscalía, citando entre otras cosas supuesta falta de garantías judiciales en el alto tribunal.

“Él se presume inocente; recordemos que tiene una serie de garantías que el sistema penal acusatorio le da a él y a cualquier otra persona en su lugar y recordemos que hay que cumplir con la estructura básica del procedimiento», señaló Granados.

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Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.

Cepeda anunció este martes que recusará al fiscal general Francisco Barbosa para llevar el caso y solicitará uno ad hoc porque considera probable un conflicto de intereses.