El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien actúa como facilitador entre la minga y el Gobierno, anunció la implementación de un operativo especial integrado por 74 funcionarios de esa entidad.

Estos, serán los encargados de garantizar la protección de los derechos humanos y la recepción de denuncias durante las movilizaciones de la minga indígena en Bogotá.

«Se diseñó un esquema de atención para evitar que se registren hechos de violencia en las manifestaciones», explicó.

Finalmente, la Defensoría hizo una verificación de las condiciones del alojamiento en el que permancerán las comunidades indígenas en la capital del país.