El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, compartió una serie de documentos relacionados con el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades del Estado por concepto de prestación de servicios.

En su concepto, según el comunicado de la Fiscalía, advierte algunas irregularidades encontradas, entre ellas, se observa una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios.

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Sumado a esto, Lizcaco, afirma que se constató que algunas personas cuentan con varios contratos en distintas entidades estatales.

“La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”, recalcó el director, según el comunicado.

Frente a este hecho, Lizcano manifestó la necesidad de que la Fiscalía realizara una auditoría sobre estos contratos; sin embargo, el ente se negó, argumentando que “una labor de escrutinio fiscal no es competencia del ente acusador”.

En este sentido, la Fiscalía comunicó que remitirá la información del caso a la Contraloría General de la República para que esta sea la que establezca la auditoría de los contratos que, según Lizcano presentan irregularidades.

“De encontrarse algún hallazgo se haga la compulsa de copias a la Fiscalía para adelantar las acciones investigativas de carácter penal que procedan” concluyó el ente de control.