La Fiscalía General judicializó a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Sureños’, dedicada al secuestro y extorsión a comerciantes de finca raíz en el departamento de Cundinamarca.

Entre los procesados están dos mujeres que al parecer eran las encargadas de contactar a los propietarios de los inmuebles en venta para citarlos en Chapinero, Venecia o en el barrio La Alquería, donde tomaban licor con ellos para luego seducirlos y llevarlos a los moteles del sector.

El 12 de diciembre de 2017, se logró la captura de Carlos Edwin Suaza Aristizábal, John Fredy Gómez Bernal y Harold Leonardo Hernández Mahecha.

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, a quienes se les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, por el cual su proceso está en etapa de juicio.

Al mismo tiempo, la Policía Judicial y la Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, realizó el programa metodológico y se impartieron órdenes para dar con la captura de los restantes miembros de la organización criminal.

A través de álbumes de reconocimiento fotográfico, interrogatorios de los procesados, interceptaciones telefónicas y búsquedas selectivas en bases de datos, se lograron las capturas de los hoy judicializados el pasado 24 de julio y la aprehensión de una mujer que para la época era menor de edad.

La Fiscalía les imputó los delitos secuestro extorsivo, concierto para delinquir en circunstancias de agravación punitiva y uso de menores de edad para la comisión de delitos a Nelson Bernal, supuesto jefe de la banda; y a su esposa Johana Marcela Toledo Núñez, a quienes se les impuso medida de aseguramiento intramuros en la Cárcel Nacional Modelo y el Buen Pastor, respectivamente.

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Mientras tanto, Fernando Babativa Mancera y José Ramon Nieto Moreno, el juez les concedió la libertad pero seguirán vinculados al proceso, como presuntos cómplices del delito de secuestro extorsivo agravado que les endilgó el ente acusador.

La última detenida quedó a disposición de un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para su judicialización por el sistema que le aplica.