La Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional desarticularon una red criminal de engaños y explotación sexual.

Las investigaciones evidenciaron la existencia de una red de trata de personas señalada de ubicar mujeres en Santander, Antioquia y otros lugares del país, algunas de ellas migrantes.

Luego, les ofrecían trabajos como modelos en el extranjero y las trasladaban a China donde, al parecer, eran obligadas a ejercer actividades de tipo sexual.

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Engaño

La Fiscalía conoció que, en Colombia, un grupo se encargaba de contactar jóvenes en redes sociales, vía WhatsApp y, en algunos casos, mediante una casa de citas con sede en Bucaramanga.

Al parecer, les hacían estudios fotográficos y las convencían de aceptar propuestas para modelar prendas de vestir en China, a cambio de millonarios dividendos.

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Otras personas que harían parte de la red conseguían visas y adelantaban todos los trámites para garantizar la salida de las mujeres del país. Posteriormente, les costeaban los gastos del viaje y las entrenaba para responder las preguntas de los filtros migratorios.

Ya en China, las jóvenes supuestamente eran retenidas, les quitaban los pasaportes, documentos personales y les imponían una deuda 14 mil dólares, que debían cumplir mediante el pago de 600 dólares diarios en servicios sexuales.

Las autoridades han recibido formalmente dos denuncias de mujeres afectadas, pero tienen referenciados más de 30 casos.

Capturados

  • Daniela Botina Ocampo, alias Barbie, señalada cabecilla capturada en Cali (Valle del Cauca).
  • James Leonardo Téllez Torres, detenido en Bogotá. Era el presunto encargado de la logística y traslados en China.
  • Edilma González, alias La Tía, capturada en Bucaramanga (Santander). Sería la propietaria de una casa de citas.
  • Martha Rubiela Gómez Fandiño y Bellanid Rojas Rodríguez, capturadas en La Peña (Cundinamarca) y Puente Nacional (Santander), respectivamente. Se les atribuye la obtención de visas, pasaportes y otros trámites.
  • Gloria Patricia Ocampo Ramírez y Juan Pablo López Galeano, detenidos en Armenia y Circasia (Quindío). Señalados de costear el viaje de las víctimas.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas siete personas por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas.