La Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

La decisión fue tomada este martes por la Sala de Instrucción de la Corte tras dos días de sesión virtual.

En la definición de la situación jurídica del expresidente participaron cinco de los seis integrantes de la Sala de Instrucción, tras la recusación y separación del caso de la magistrada Cristina Lombana.

Los magistrados que conocen el proceso son Héctor Alarcón (presidente de la sala de instrucción), César Augusto Reyes (instructor), Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda y Misael Rodríguez.

Los delitos por los cuales es investigado el máximo líder del partido Centro Democrático son soborno y fraude procesal por presuntamente haber manipulado testigos en su contra.

El testigo al que se hace referencia es Juan Guillermo Monsalve, quien en su momento señaló al exmandatario de tener vínculos con los paramilitares del bloque metro en Antioquia.

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En un mensaje de Twitter el expresidente aseguró: “la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.

La medida de aguramiento al senador Uribe Vélez fue impuesta el mismo día que el abogado defensor Jaime Granados le había solicitado ante la Corte la designación de un conjuez para que reemplazara a la magistrada Cristina Lombana, argumentando que en la Sala de Instrucción deben estar seis y no cinco magistrados.

En la misma investigación figura el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.