EE. UU. elogia a fiscal y vicefiscal tras su renuncia por decisión de la JEP en caso Santrich
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El embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, elogió el patriotismo y la cooperación judicial del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien renunció en las últimas horas luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denegara la extradición a Estados Unidos del exlíder de las Farc, Jesús Santrich.
El diplomático aseguró que Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros, quien también renunció, “son grandes patriotas que promovieron el Estado de Derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral”.
“Su servicio a Colombia y a la Justicia ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos”, aseveró Whitaker en un mensaje publicado en las redes sociales de la embajada.
El Fiscal General Martínez y su vice fiscal, María Paulina Riveros, son grandes patriotas que promovieron el estado de derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral. – KMW. 1/2
— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) May 16, 2019
Su servicio a Colombia y a la justicia ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos. – KMW. 2/2
— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) May 16, 2019
La JEP, creada por el acuerdo de paz con las Farc, aplicó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, pedido por la Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico que supuestamente cometió tras la firma del pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país.
El tribunal consideró que “con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida” al exlider guerrillero “ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización”.
En ese sentido, el tribunal transicional pidió a la Fiscalía que deje en libertad a Santrich, quien había sido detenido el 9 de abril de 2018 y está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.
El acuerdo de paz, firmado el 24 de noviembre de 2016, estableció que delitos comunes como el narcotráfico cometidos hasta esa fecha por miembros de las Farc no serían llevados a la Justicia ordinaria pero sí aquellos posteriores al 1 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigor.
Al respecto, Martínez dijo que la decisión de la JEP “desafía” la evidencia aportada por EE. UU. y la propia Fiscalía, “hace trizas la cooperación judicial internacional y desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia”.
Igualmente consideró que la decisión de la JEP “confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”.
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