La Defensoría del Pueblo denunció este viernes que en época de posconflicto hay evidencia de violación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario producto del narcotráfico y la minería ilegal, llevadas a cabo por el ELN y las disidencias de las Farc.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo entrega del informe ‘Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’, en el que se solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales que adopten medidas para prevenir y proteger a la comunidad ante hechos de violencia.

El informe especifica cuáles son las regiones más afectadas por la presencia de actores armados que ejercen control sobre las economías ilegales, entre ellas, está el corregimiento de Llorente en Tumaco y el casco urbano de ese municipio; Argelia, El Tambo, Suárez, y corregimientos de Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, en el Valle del Cauca; el corregimiento La Gabarra, y los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander.Tarazá, Caucasia y El Bagre, en Antioquia.

Asimismo, la Defensoría advierte sobre la necesidad de que se realicen acciones de prevención, protección y disuasión de factores de violencia en relación con comunidades vulnerables.

En cuanto al narcotráfico, durante la presentación, se indicó que en el 2000 había 161.971 hectáreas de cultivos de coca en todo el país y para el 2016 la cifra estaba en 146.140 hectáreas. Es preocupante que solo en Tumaco hay en la actualidad unas 23.000 hectáreas de cultivos de coca, afectando principalmente a la comunidad de Alto Mira y Frontera.

Y frente a la minería ilegal, la Defensoría asegura que los actores armados extorsionan a las empresas que realizan la exploración, así como el secuestro de empleados, tanto de mineros legales como ilegales.

A través de métodos violentos, en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca, estos grupos controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización de metales preciosos desde la mina.