Al dejar en firme una condena de diez años de prisión en contra del empresario, Antonio Nel Zúñiga Caballero por los delitos de invasión de tierras, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo todo un análisis de cómo se aliaron palmicultores e integrantes del Ejército Nacional con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Chocó, para llevar a cabo el proyecto agroindustrial de la “Casa Castaño”.

Para ello el alto tribunal inicia haciendo todo un recuento de los hechos que originaron un desplazamiento masivo en 1997 cuando miembros del “Ejército Nacional en unión con paramilitares de Córdoba y Urabá, activaron la denominada operación Génesis, en virtud de la cual incursionaron violentamente en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó del municipio de Riosucio, Chocó”.

Agrega que en el año 2000 varias empresas palmicultoras, entre ellas Urapalma y Palmas S.A. conocida como Palmura, “implementaron un agresivo proyecto agroindustrial de cultivo de palma de aceite africana y ganadería extensiva” para la cual “grupos paramilitares se valieron de comisionistas a través de los cuales contactaron a los colonos, poseedores y legítimos propietarios de las tierras ubicadas en las zonas colectivas de reserva forestal, la mayoría de los cuales fueron objeto de coacción para abandonar el territorio, de modo que las empresas palmicultoras pudieran disponer de los predios”.

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Señaló la corporación judicial que de acuerdo al proceso que se llevó a cabo en contra de Antonio Nel Zúñiga Caballero, hace “impensable que se haya hecho acreedor de un inmenso número de hectáreas sin saber que pertenecían a comunidades nativas, y que su empresa Urapalma era ajena al proyecto paramilitar”.

En el fallo la Corte destacó la relación que existió entre palmilcultores de esa región e integrantes del Ejército Nacional con miembros de las Autodefensas para que pudieran llevar a cabo su proyecto agroindustrial.

“Esas empresas requerían mostrar una supuesta legalidad con el fin de hacerse a créditos y beneficios oficiales, que en últimas irían a parar a manos paramilitares, quienes estuvieron detrás de las firmas palmicultoras (…) en aquella época y territorio el Ejército, al igual que otros estamentos oficiales, fue un aliado más de las AUC”, indica la sentencia.

Agrega que en el caso en concreto Urapalma, empresa a cargo del hoy condenado Antonio Nel Zúñiga Caballero “fue bastión para los fines del paramilitarismo”.

“El tribunal dijo que en el complejo entramado proyecto paramilitar, le correspondió emprender el cultivo de la palma, en zonas que sabía no podían emplearse para esos fines”, agregó.

Afirmó la Corte que el vínculo de las empresas palmicultoras, principalmente Urapalma, con los intereses de las autodefensas “es un hecho suficientemente decantado en el contexto macrocriminal acaecido desde finales de la década de los noventa en aquella región del Bajo Atrato chocoano, hecho por el que han sido condenados muchos otros palmicultores”.