El contrato para llevar internet a zonas rurales del país suscrito por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión temporal de Centros Poblados sigue revelando nuevas irregularidades.

NotiCentro 1 CM& posee el documento que desencadenó el escándalo: se trata de la póliza del banco Itaú que fue falsificada, y con la que los contratistas sustentaron una garantía.

 

Le puede interesar: Mujer asesinó a su mamá en medio de una riña en Bogotá

 

 

En el documento se advierte que la firma que se falsificó fue la de Jorge Alberto Villa, representante del banco. Así mismo, fuentes del caso explicaron que habría tres documentos con firmas idénticas, y las cuales también serían falsas.

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción ya tienen en su poder los documentos, y ahora buscan establecer quién es la persona que adulteró las firmas.

 

Vea también: ¿Quién era el hombre que perdió la vida durante robo en La Estrada?

 

Los documentos de Estados Unidos

Pero este no es el único caso de falsificación, pues en otros documentos aportados por el representante de la firma Nouvo Security también se habla de esta irregularidad.

Uno de ellos es una factura en la que se legalizó la compra de insumos tecnológicos por más de 800 mil dólares. Sin embargo, según Efraín González, representante de la empresa, él no autorizó dicha compra por lo que dice que su firma fue falsificada.

 

 

Pero los líos con la falsificación son mayores, y se investigan dos transacciones: la primera es el anticipo de la Unión Temporal de Centros Poblados a la empresa Nouvo Security por 58 mil millones de pesos, sobre esta el representante dice que no tenía conocimiento de la transacción.

 

Conozca más: La historia de Matías Fernández, una de las 60 personas en el mundo diagnosticadas con una extraña enfermedad

 

La segunda es un contrato suscrito igualmente por la Unión Temporal con esta misma empresa domiciliada en Estados Unidos por más de 142 mil millones de pesos, para compra de suministros tecnológicos.

Sobre estas dos transacciones González dice que no las firmó, ni las autorizó; y responsabiliza a dos empresarios vinculados al polémico contrato del MinTIC.

Los cierto es que a la fecha, y pese a que se anunció un embargo a las cuentas de los contratistas, los 70 mil millones del contrato no han sido devueltos, y la falsificación de las firmas de compra de los suministros enreda cada vez más el caso.

 

Lea además: Advierten riesgo de pérdida de $545 millones para plataforma web de la Defensoría del Pueblo