La Procuraduría General de la Nación pidió a los ministerios de Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y Hacienda, adoptar medidas urgentes para enfrentar la deforestación en el país, especialmente en la Amazonía ante las graves problemáticas ambientales y territoriales que presenta.

En mesa de trabajo convocada y liderada por la Procuraduría con los representantes de los ministerios, y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el órgano de control hizo un llamado urgente por acciones que garanticen la protección, preservación, conservación y recuperación de los territorios que están siendo amenazados por la deforestación como la Amazonía colombiana.  

Para el órgano de control es imperioso trabajar en estrategias que permitan proteger un ecosistema estratégico como la Amazonia, que está siendo amenazado por los efectos del cambio climático, desarrollo no sustentable, ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva, minería, prácticas ilegales relacionadas con actividades extractivas, tráfico ilegal de drogas y de especies de fauna y flora silvestre, deforestación causada por proyectos de infraestructura, que en la mayoría de los casos no tienen estudios de impacto ambiental, entre otros.  

Desde su función preventiva la delegada para Asuntos Ambientales publicó el análisis “50 acciones por la Amazonía colombiana”, en el que advirtió que “en nombre del desarrollo, se está promoviendo de manera simultánea la deforestación y lo que es más grave, la ruptura de corredores de conectividad de ecosistemas, de la mano muchas veces  de proyectos del orden nacional y de planes viales departamentales y municipales o desconociendo la consulta previa en aquellos casos en que están involucrados territorios de resguardos indígenas. Todo esto sin olvidar el aporte que cada hectárea deforestada hace al cambio climático”.

El informe de la entidad mencionó la importancia de implementar estrategias de adaptación, así como la necesidad de disminuir o abolir la ejecución de actividades que puedan aumentar la vulnerabilidad de la Amazonia a los efectos de este fenómeno como lo son el cambio de uso de la tierras, la alteración del régimen hídrico de esta región, la desaparición de los bosques primarios, entre otras.

Respecto a los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera, la Procuraduría hizo un llamado para que las diferentes autoridades desde el ámbito de sus competencias actúen con la contundencia necesaria para impedir el avance de esta actividad que causa daño ambiental irreversible y que genera también impactos sociales indeseables para las poblaciones aledañas.  

Sobre la extracción ilegal de recursos, el Ministerio Público advirtió que el uso del mercurio, como parte del ejercicio ilegal de la actividad minera, es el elemento más nocivo para las fuentes hídricas, que recae directamente sobre la población campesina e indígena, poniendo en riesgo derechos constitucionales a la salud, a gozar de un medio ambiente sano y a la seguridad alimentaria.  

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Mientras tanto los ríos de la región amazónica que se han visto afectados por cuenta de la minería están: Guaviare, Guainía, Vaupés, Apaporis, Tararira, Caquetá, Putumayo, y Caguán, entre otros.

Para el organismo del Estado el aumento de la deforestación en la región tiene origen en gran medida a la actividad ganadera, por lo que instó al Gobierno nacional a intervenir con contundencia en el control de las actividades ganaderas a gran escala.

Finalmente, recalcó que la problemática de esta región demanda de una estrategia articulada de las diferentes carteras ministeriales, con el fin de resolver las múltiples problemáticas que enfrenta esta importante región.

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