La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la adopción de medidas cautelares de urgencia, ante el riesgo que representa para los habitantes del archipiélago la acumulación de cerca de seis toneladas de residuos hospitalarios, que permanecen al rayo del sol en contenedores en mal estado.

La solicitud del ente de control busca poner fin a la vulneración y violación de los derechos e intereses colectivos, así como la protección a la vida, la salubridad pública de los ciudadanos y residentes en la Isla de San Andrés y Providencia.

En su escrito el Ministerio Público reveló que “el 21 de noviembre de 2018 se trató de dar solución parcial a esta grave emergencia, enviando por vía marítima dos contenedores con residuos hospitalarios a Cartagena, embarcación que tuvo que regresar por fallas en el motor, quedando esos contenedores sometidos a altas temperaturas hasta de 50 grados, y ante la imposibilidad de reparar la motonave, los residuos fueron devueltos al patio del hospital,  presentándose una acumulación aproximada de seis toneladas, en un contenedor (en estado de deterioro total) que se encuentra totalmente rebosado y saturado, así como las bodegas de almacenamiento”.

Para la entidad es urgente que como parte del fallo del pasado 03 de octubre, donde el tribunal acogió una acción popular de la Procuraduría y ordenó la protección de los derechos colectivos de los residentes en la isla; se conmine al operador del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital iniciar de manera inmediata la operación del equipo desactivador de residuos hospitalarios, que cuenta con las licencias ambientales y la capacidad para desactivar los residuos hospitalarios peligrosos  generados en todo el archipiélago.

Al mismo tiempo se solicitó vincular a la gobernación, a través de su Secretaría de Salud, para que supervise la desinfección de todas las zonas donde se encuentran acumulados los residuos hospitalarios, así como el traslado en condiciones seguras de los acumulados en la isla de Providencia, centros de salud y pequeños generadores como clínicas, laboratorios y consultorios.

Finalmente pidió que a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina “Coralina”, se le ordene que de manera oportuna evalúe, controle y  haga seguimiento ambiental a las actividades que implican la emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro la vida, o incluso, el desarrollo de los recursos naturales renovables.

En su solicitud el organismo de control condenó que “los intereses particulares de los operadores del hospital han prevalecido sobre los derechos fundamentales y colectivos de todas las personas y residentes insulares, lo cual ha puesto a toda una comunidad en peligro inminente en su vida y salud de forma grave e injustificable; no obstante, contar con una solución de desactivación de los desechos y residuos a metros del sitio generador de los residuos hospitalarios”.

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Para la Procuraduría “la situación actual amerita la intervención del juez de los derechos colectivos ante la gravedad y magnitud de esta problemática, la cual se agudiza día a día”.

“Todo lo anterior demuestra que las personas en la Isla de San Andrés están expuestas a un altísimo riego de sufrir graves lesiones en su salud y vida, al estar permanentemente expuestos frente a un manejo irregular, indebido e irresponsable de residuos hospitalarios, que representan un riesgo biológico; no obstante contar con un mecanismo que les permitiría solucionar de forma inmediata esta problemática, con la planta desactivadora con capacidad para eliminar diariamente todos los desechos generados en 24 horas”, remarcó la entidad.

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