La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al exprocurador 84 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bogotá, Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, al encontrarlo responsable de incremento injustificado de su patrimonio y el de un tercero, entre otras faltas gravísimas.

La veeduría del ente de control logró establecer que el exprocurador incrementó su patrimonio de manera injustificada en $781.263.000 millones de pesos, cifra que tiene origen en los 2 mil millones que recibió de parte de Álvaro Cruz Vargas, exgobernador de Cundinamarca, para que sobornara a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y lograra congelar el proceso penal que se adelantaba contra el mandatario, por el denominado carrusel de la contratación de Bogotá.

Al mismo tiempo se le reprochó el aumento injustificado del patrimonio en favor propio y el incremento injustificado por $350.000.000 en favor de un tercero, Cesar Augusto Ramírez Cuellar, quien se desempeñaba como funcionario vinculado al Instituto de Medicina Legal –Regional Sur con sede en Neiva (Huila)-, adscrito a la Fiscalía General de la Nación de la Nación y con quién acordó los sobornos.

El organismo de control halló responsable a Jovel Muñoz de desarrollar objetivamente la descripción típica establecida en el delito doloso de concusión, por cuanto entre mayo de 2013 y mediados de 2014, abusó de su cargo y solicitó dinero para sobornar a funcionarios de la Fiscalía; cohecho por dar u ofrecer, ya que dio dinero a un funcionario público entre junio y agosto de 2013, con la finalidad de que este influyera en el entonces Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres, para que se mantuviese sin decisión alguna la actuación penal que adelantaba contra del gobernador de Cundinamarca.

En fallo de primera instancia, el ente de control señaló los comportamientosde Jovel Muñoz, que fueron calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, afectaron sustancialmente la imagen, credibilidad, confianza y prestigio de la Procuraduría General de la Nación y vulneró los principios que rigen la función pública.

El defensor de oficio presentó recurso de apelación que será decidido por la Viceprocuraduría General de la Nación.