En esa decisión se había determinado que si en dos años no se regulaba el tema,  las corridas de toros en lugares donde no sean tradiciones podrían penalizarse.

Un año ha pasado desde que la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República que en máximo dos años legislara sobre los espectáculos con animales en el país, con la advertencia de que si no se hacía el respectivo trámite legislativo, las corridas de toros, novilladas, becerradas, peleas de gallos, entre otras, podrían ser castigadas penalmente.

No obstante, esa decisión se había tomado con base en la demanda que se presentó contra la ley 1774 de 2016, podría tener otro rumbo.

El magistrado Antonio José Lizarazo, comenzó la elaboración de una ponencia en la que va acogiendo la petición de nulidad de ese fallo, al argumentar que consideraría que es el Congreso la única institución que puede pronunciarse sobre una eventual prohibición sobre corridas de toros y demás espectáculos con animales.

A juicio del magistrado, con la decisión tomada el año pasado, la Corte excedido sus competencias y violó las facultades del legislativo.