Argumentando falta de confianza en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la familia del exdirigente conservador asesinado Álvaro Gómez Hurtado, denunció ante la Corte Suprema de Justicia a los congresistas del Partido FARC, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo.

Los exjefes guerrilleros tendrían que responder por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

En días pasados a través de un comunicado, el Partido FARC reconoció públicamente lo expresado en una carta a la JEP en la que asumía su responsabilidad por el asesinato de Gómez Hurtado.

Dirigentes del partido (creado luego del Acuerdo de Paz) aseguraron que el político y catedrático fue asesinado porque era considerado ‘’un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra‘’.