La Sección Tercera del Consejo de Estado profirió una millonaria condena en contra de la Nación por el secuestro de un comerciante y su familia ocurrido en Quindío en 2001 y perpetrado por las Farc.

“El Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia”, indicó el magistrado Germán Bula.

En su decisión el alto tribunal hizo una serie de cuestionamientos frente al hecho de cómo las Farc deben reparar e indemnizar a sus víctimas del conflicto armado.

Señaló la corporación judicial que “a la fecha no existen herramientas legales, administrativas y judiciales que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones para la exguerrilla” por lo que se hizo necesario hacer un exhorto tanto al Gobierno como al Congreso para “garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y como parte de la lucha contra la impunidad, la obligación de establecer mecanismos jurídicos a través de los cuales la ex guerrilla cumpla con los compromisos de verdad, justicia y reparación a las víctimas”.

Resaltó el Consejo de Estado que se llegó a esa conclusión luego de advertir que en el Acuerdo Final, “las partes reconocieron su plena responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, en lo que se ajusta a los estándares convencionales relativos a los derechos de las víctimas y de tomar en cuenta que las violaciones perpetradas por las Farc, obedecieron a planes fijados por los medios mandos y altos para el logro de cometidos comunes por la vía del alzamiento en armas”.

“Resulta desafortunado considerar que la justiciabilidad de los derechos de las víctimas del conflicto armado, se extingan con la muerte de quienes se dicen son los presuntos responsables de tales violaciones y ello no impida que se imparta justicia dentro de la organización que ejecutó el acto violatorio”, agregó el magistrado Jaime Orlando Santofimio.

Afirmó que el llamado al ejecutivo y al legislativo se hace dado a que esa corporación judicial “no tiene la competencia para decretar la responsabilidad administrativa de las Farc”.

“El Acuerdo Final nos habilita para sustentar la imputación de esas consideraciones, pero el Consejo de Estado solo puede pronunciarse sobre el Estado y no las Farc”, agregó.

Afirmó que “nuestro problema como justicia contenciosa no se resume en la JEP, estamos exhortando al Gobierno y al Congreso, para que desarrollen el acuerdo final en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la Farc como organización que no está regulada”.

“La JEP eventualmente se va a pronunciar sobre responsabilidades penales de los miembros de las Farc, pero nosotros encontramos en este fallo acciones propias de una organización y eso debe ser objeto de pronunciamiento con un objetivo especifico que haya justicia efectiva y material y que se conozca la verdad” expresó.