A través de una carta, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, le solicitó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “medidas urgentes de Estado para frenar la riqueza ilícita que genera la minería ilegal y la comercialización ilícita de oro”.

El jefe del ente investigador, indica que es “necesario adoptar decisiones que impidan la profundización de esta industria ilícita, lo que —en nuestro entender- pasa necesariamente por la necesidad de restablecer en cabeza del Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país”.

En la carta, se argumentan los resultados de dos importantes operaciones contra este flagelo demuestran “la verdadera dimensión de la cadena productiva criminal relacionada con la explotación y comercialización ilegal de oro en Colombia”.

En la misiva se destaca, la extracción ilegal de oro con la correspondiente afectación del medio ambiente; la comercialización interna del mineral extraído de manera irregular a través de empresas fachada que dan apariencia de legalidad a la operación y la comercialización internacional de oro, lo cual ha generado desorbitantes incentivos económicos cuyo resultado al final de la misma es una significativa operación de lavado de activos, como ha sido revelado por las investigaciones de la Fiscalía.

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