La Fiscalía emitió resolución de acusación contra tres exfuncionarios de los cuerpos de seguridad e investigación del Estado, que habrían tenido distintos niveles de participación en la muerte del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el concejal de Soacha (Cundinamarca) Julio Cesar Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez el 8 de agosto de 1989.

Una fiscal encontró méritos suficientes para señalar que los generales en retiro de la Policía Nacional Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona, y el exdetective de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Héctor Ernesto Muñoz Hortúa serían coautores de los delitos de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio.

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Respecto al general (r) Serna Arias, quien ostentaba el grado de teniente coronel para la época de los hechos, la Fiscalía estableció que, en su condición de subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, fue designado por el comandante de esa unidad para coordinar y verificar el servicio policivo que debía garantizar la protección del líder político y de las personas que se congregarían en el parque central de Soacha (Cundinamarca).

En la investigación se estableció que esa orden estaba soportada por directrices de los entonces ministro de Defensa Nacional y director de la Policía Nacional, y tenía que cumplirse de acuerdo con los protocolos institucionales; sin embargo, el material de prueba indica que el subcomandante de la Policía de Cundinamarca, al parecer, no acató la instrucción ni actuó para que se pusieran en marcha las medidas de seguridad necesarias.

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Asimismo, se pudo evidenciar que el general (r) Serna Arias tenía a su disposición el personal y los medios logísticos para organizar un esquema adecuado. Contrario a esto, supuestamente, ordenó que un grupo de contraguerrilla de 14 hombres se retirara de Soacha horas antes de que el excandidato político llegara al punto de concentración, pese a que su presencia era de vital importancia para custodiar el lugar.