26/10/2017 

El fiscal general lanzó fuertes críticas al proyecto de ley del Gobierno que rebaja las penas a los pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana, y que lo convierte en un delito excarcelable.

“La Fiscalía se declara aterrada. En medio del boom de los narco-cultivos no es posible debilitar las políticas antinarcóticos. Este proyecto de ley reduce las penas en unos casos hasta en un 80 por ciento para quienes hagan cultivos ilícitos. No importa ni siquiera si son cultivadores industriales. No se trata de pequeños cultivadores y esto, si fragmentan los cultivos pueden beneficiarse de unas normas a la que no tendrían derecho con una política antinarcóticos y criminal adecuada”, aseguró el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

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Dijo que de esta manera se modifica el Código Penal sin que los beneficiarios de esa rebaja formen parte de esos programas de erradicación o sustitución de cultivos.

“Porque se trata de una rebaja indiscriminada y permanente hacia el futuro de las penas para los cultivadores ilícitos en Colombia. Un muy mal mensaje en los momentos que estamos viviendo”, sostuvo.

Manifestó que esta iniciativa del Gobierno no va de la mano con las políticas antidrogas en el país.

“Pero se llega al extremo inclusive de por primera vez plantear la legalización de cultivos ilícitos hasta en 18 metros cuadrados. Esta podría ser una puerta para que los cultivadores industriales a partir del pitufeo puedan ampararse de la acción judicial del Estado contra esa forma de criminalidad. E inclusive se beneficia a los financiadores de cultivos ilícitos con unas penas más bajas. No cabe duda que es un mensaje equivocado el que manda ese proyecto de ley en la lucha contra el narcotráfico en Colombia”, señaló Martínez Neira.

Sostuvo el fiscal que lo que hoy está planteando el Gobierno, nada tiene que ver con el acuerdo de paz con las Farc.

“Y que no se diga que de esta manera se están cumpliendo los acuerdos de paz de La Habana. En La Habana se convino un tratamiento penal diferenciado. No un tratamiento penal arrodillado. Porque de hacerse realidad este proyecto capitularía la sociedad colombiana contra una de las formas de expresión de criminalidad más compleja que tiene el país”, agregó. 

Expresó el fiscal que ya puso en conocimiento del Gobierno su inconformidad por este proyecto de ley.

“Por eso en el día de ayer hemos enviado una carta al señor ministro de Justicia exponiéndole los reparos que tiene la Fiscalía General de la Nación a este proyecto e inclusive, he compartido con el señor ministro del posconflicto mis observaciones y debo reconocer que el propio ministro Pardo se ha declarado igualmente atónito con la información que le manifesté del alcance de este proyecto. Porque reitero, la disminución de penas y la configuración del nuevo Código Penal, no beneficia exclusivamente a quienes formen parte de un programa de desarrollo alternativo mediante sustitución de cultivos ilícitos, sino a todo aquel que pueda en adelante y para siempre, hacer cultivos de coca y amapola en Colombia”, añadió el jefe del ente acusador.

Consideró finalmente que el proyecto es un paso hacia atrás en la lucha contra el narcotráfico y planteó la necesidad de repensar este tipo de iniciativas en el país.

Jorge Castro CM&