El fiscal general, Francisco Barbosa se reunió con el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, para trazar las líneas de trabajo conjunto en dos aspectos: la situación actual de amenazas a líderes sociales en El Salado (Bolívar), y el proyecto de coordinación de cifras de esta problemática en el país.

“Es necesario hacer un acompañamiento de múltiples entidades frente a las cuales en el marco de sus competencias se pueda saber que está ocurriendo. Por lo pronto desde la Fiscalía, hemos venido avanzando en las investigaciones, ya tenemos (judicializados) a dos de los presuntos responsables de las amenazas a la líder Yirley Velasco Garrido y su familia”, afirmó el fiscal general, con relación a los hechos ocurridos entre 2018 y 2020.

Respecto a las nuevas amenazas contra la lideresa y la comunidad en general del corregimiento El Salado, municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar), el fiscal Barbosa priorizó las acciones investigativas para esclarecer los hechos y destacó además un grupo de trabajo para articular esfuerzos entre dependencias, impulsar los procesos por este tipo de afectaciones y realizar las investigaciones en contexto.

“A través de la Dirección de Derechos Humanos se realizó la búsqueda selectiva en base de datos que permitió identificar que el número desde donde fueron enviados los mensajes amenazantes contra la familia de la lideresa, efectivamente correspondía a una línea usada en el mismo corregimiento”, reveló el fiscal general.

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Igualmente, en el marco de la reunión con el defensor del Pueblo, se planteó la necesidad de una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a la comunidad de El Salado, con la Unidad Nacional de Protección (UNP), los ministerios, el Ejército y la Policía Nacional, bajo la coordinación misional de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, esta última para realizar las investigaciones y responder en el ámbito judicial frente a la protección de los derechos humanos.