La Fiscalía General de la Nación inició el embargo de acciones por 202.000 millones de pesos de la sociedad española Inassa en la empresa Triple A de Barranquilla y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, entre ellos cinco españoles.

Según la investigación de la Fiscalía, “se habrían apoderado o desviaron recursos destinados exclusivamente para la prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad, como es el agua potable”.

Contratos ficticios

De acuerdo con el ente investigador, desde el año 2000 hasta el 2017 se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial por más de 236.000 millones de pesos.

Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A, acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

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Los procesados son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.

La dirección de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa en la empresa Triple A, E.S.P, las cuales corresponden al 82% del capital de esta última.