Un fiscal especializado y un investigador del CTI, adscritos a la Seccional Santander, fueron capturados en situación de flagrancia.

Al momento de la detención, al parecer, acababan de recibir $110.000.000 que habrían exigido para favorecer a un hombre vinculado a un proceso de lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción del derecho de dominio.

 

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“Sabemos que en la ciudad de Bucaramanga, como lo dijimos en la ciudad de Cali, hay un grupo de funcionarios que está detrás de estas actividades y vamos por ellos”, precisó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

Los dos funcionarios, supuestamente, conseguían información de personas investigadas por diferentes conductas ilícitas en Bucaramanga y las contactaban con el fin de ofrecerles aparentes “arreglos” de las situaciones jurídicas a cambio de dinero.

 

 

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“No vamos a permitir que esto vaya a convertirse en práctica de algunos delincuentes que se parapetan en las entidades públicas”, indicó el fiscal Barbosa.

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará el delito de concusión.

De ser encontrados culpables por el delito de concusión, de acuerdo al código penal, artículo 404, podrían incurrir en prisión de 6 a 10 años, una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de funciones públicas de 5 a 8 años.