Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación.

En esta decisión se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. 

La decisión fue comunicada el día de hoy al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo.

Los elementos recopilados en el proceso indican que Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.

Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros.