Por disposición del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, las líneas investigativas abiertas por las posibles irregularidades detectadas en la contratación y manejo del Proyecto Hidroituango fueron concentradas en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de unificar criterios y tener una visión integral sobre el proceso.

Luego de una valoración de la evidencia técnica y los elementos probatorios obtenidos, se encontraron méritos suficientes para solicitar audiencias de imputación contra nueve personas, entre exfuncionarios y particulares, en tres frentes.

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1. Contratación directa. El 30 de marzo de 2011, Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP celebraron un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), cuyo objeto fue la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica Pescadero – Ituango.

La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) participaron directamente en la celebración y tramite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP).

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Esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas.

Imputaciones

En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al exgerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada

El material de prueba da cuenta de que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada.

Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada. La Fiscalía estableció que, supuestamente, se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos contrarios a la verdad porque, al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental.

Es así como se imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM ESP y apoderado de Hidroituango SA ESP ante la ANLA, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.