La Fiscalía General de la Nación radicará este viernes ante la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, escrito de acusación contra Sergio Fajardo Valderrama, quien fue gobernador de Antioquia, período 2012-2015.

Una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia adoptó tal determinación al encontrar elementos materiales probatorios que permitieron establecer con probabilidad de verdad, que a Fajardo se le puede atribuir a título de coautor los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

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La investigación concluyó que, Fajardo, en su calidad de gobernador de Antioquia, vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato de “sustitución de deuda N° SF140013 de diciembre 5 del 2013”.

El contrato fue suscrito en representación del departamento de Antioquia, como contratante, y las entidades Banco Corpbanca Colombia SA y el Instituto para el Desarrollo De Antioquia – IDEA, como contratistas, cuyo objeto era otorgar un empréstito por la suma de USD $98.000.000 con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante.

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El entonces gobernador, conforme al “Manual de Contratación del departamento de Antioquia”, tenía asignada la competencia y obligación jurídica de realizar una evaluación razonada y técnica, con el acompañamiento del Comité Financiero y de Tesorería Departamental.

Éste debía desarrollarse previo al trámite y celebración de la operación de crédito público sobre una línea de redescuento en dólares de Findeter SA., sobre aspectos fundamentales, tales como, la forma de financiamiento, las diferentes alternativas del mercado, así como, la conveniencia financiera y fiscal de la operación, conforme regla el artículo 32 del Decreto 2681 de 1993.

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No obstante, las actuaciones no fueron realizadas por el entonces gobernador Sergio Fajardo dentro de los parámetros de la ley de contratación estatal.

Igualmente, en la investigación se estableció que en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional.

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Sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares americanos, consecuentemente, se trató de un crédito público externo y no interno, que según el Decreto 2681 de 1993, requería para su celebración de concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Según indican los peritos de la Fiscalía, determinaron que la ejecución del contrato produjo un daño patrimonial que representó la cuantía de la apropiación en favor del contratista, en suma de $98.433.870.402 a corte día 31 de diciembre de 2015, fecha de finalización del período de Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia.