Como parte de la mayor intervención contra la deforestación provocada por la ganadería extensiva y los proyectos agrícolas en la Amazonía colombiana, la Fiscalía General de la Nación solicitó varias restricciones y medidas de protección para frenar la acelerada perdida de bosque nativo y la quema de los parques naturales Tinigua y Los Picachos, entre los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.

La petición se hizo ante un juez de garantías de Florencia y Cartagena del Chairá (Caquetá), durante las audiencias de judicialización de 20 personas que habrían invadido la zona de reserva y, en cinco años, acabaron con algo más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar actividades agropecuarias.

La contundencia de los elementos probatorios y los argumentos presentados por los fiscales adscritos a la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos, fueron suficientes para que los jueces impartieran órdenes a diferentes instituciones con el propósito de restablecer los derechos de los parques naturales de la Amazonía y garantizar su conservación.

Entre ellas está la Federación Colombiana de Ganaderos; el Banco Agrario; la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía y adicionalmente los alcaldes de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena y La Uribe (Meta).