La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) denunció este jueves 14 nuevos casos de espionaje del Ejército Nacional a periodistas, incluidos los venezolanos Ibéyise Pacheco y Alberto Ravell y el fotógrafo francés Damien Fellous, y pidió al Gobierno garantizar la vida e integridad de los reporteros.

Entre los afectados están el fotoperiodista Gerald Bermúdez, colaborador del medio digital Cuestión Pública; Javier Alexander Macías, del diario El Colombiano; Gustavo Rugeles, del portal El Expediente, y Julián Martínez, quien ha trabajado, entre otros, en Noticias Uno.

El listado lo completan periodistas de medios regionales como Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus, además de dos reporteros que, según la FLIP, «o bien han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos».

Estos casos se conocen luego de que la revista Semana publicara el pasado 1 de mayo la investigación «Las carpetas secretas», según la cual integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos y hasta a funcionarios del alto Gobierno.

Entre las víctimas de seguimientos informáticos revelada por Semana están periodistas de medios estadounidenses como Nick Casey, de The New York Times; Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, de la National Public Radio (NPR), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.

Con la revelación de los nuevos casos, surgida «de las investigaciones que se adelantan contra miembros de Inteligencia del Ejército Nacional», la FLIP advirtió que ya son 52 los periodistas que fueron espiados y llamó la atención sobre los indicios del «uso de tecnología invasiva para la realización de los ‘perfilamientos'».

«En la investigación hay oficios del Ejército en los que se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry», señaló la Fundación.

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Frente a esto detalló que con uno de esos planes, al que los militares denominaron «Proceso Operacional Troya», se «solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización».

«Esto controvierte seriamente los planteamientos iniciales sobre el uso exclusivo de fuentes abiertas en las acciones de perfilamiento militar a periodistas», añadió la FLIP.

El organismo que defiende la libertad de prensa aseguró que en algunos casos el «perfilamiento» de los periodistas incluyó información de familiares y fuentes, a quienes considera que la justicia debe reconocer también como víctimas del espionaje militar.

«La FLIP advierte sobre los obstáculos para el reconocimiento de estas personas como víctimas dentro de las investigaciones en curso y hace un llamado especial a la Fiscalía para que garantice los derechos de las víctimas», agregó la información.

Al mismo tiempo, manifestó que todavía no ha recibido una respuesta completa del Gobierno a los derechos de petición formulados por algunos de los afectados y que, por el contrario, con las respuestas parciales el Gobierno «evade responder preguntas fundamentales como la ubicación y entrega de las carpetas a los afectados», entre otros.