Fonvivienda no ha legalizado 22 mil subsidios de vivienda de interés social para víctimas del conflicto armado, que fueron asignados antes del 2012. La Contraloría le hace un llamado al Ministerio de Vivienda y a la Unidad de Víctimas para que agilicen los giros del dinero.

Víctimas de desplazamiento forzado, cuentan con subsidios familiares de vivienda asignados desde hace más de 10 años y todavía están a la espera de estos proyectos que llevan años sin ejecutarse.

“25 hallazgos administrativos, 18 con presunta incidencia disciplinaria”, afirmó el contralor delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes.

 

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Según la Contraloría, se evidencia una inoportuna gestión por parte de Fonvivienda en el seguimiento de los proyectos. Y han sido ineficaces las medidas que ha adoptado para lograr la ejecución de los subsidios.

“Hemos encontrado que más de 90 mil personas han sido afectadas, ubicadas en Bolívar, Antioquia y Caquetá”, aseguró el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.

Finalmente, el ente de control le hizo un llamado al Ministerio de Vivienda y a la Unidad de Víctimas para revisar qué sucedió con los subsidios que fueron adjudicados pero, que no se han desembolsado para los proyectos de vivienda de las víctimas del conflicto armado.