La Procuraduría formuló pliego de cargos a contratistas del Fondo Adaptación, por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato, que tenía como objeto la construcción de varios puentes vehiculares en Santander.

Los investigados son Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Herman Montenegro Orjuela, quienes fungieron como interventores integrales entre 2014 y 2016.

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Los tres contratistas deberán responder por su actuación en el convenio suscrito por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcción Sucursal Colombia, en el que se definió desarrollar las obras de los puentes vehiculares de Málaga, Santander, en los sitios conocidos como la Judía, sitio crítico 43 e Hisgaura.

El Ministerio Público investiga posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (pre-construcción) que los estudios y diseños aplicables a las obras, no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura.

Al parecer, la demora en la advertencia y en la realización de los ajustes técnicos necesarios para seguir adelante con los trabajos produjo un detrimento patrimonial, al elevar el presupuesto inicial que pasó de $80.040.716.160 hasta $103.320.388.858 millones.