La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno para que fortalezca la implementación de la política pública de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA).

Lo anterior, como garantía de no repetición para las víctimas y con el propósito de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz, ante las dificultades que se han presentado por la existencia artefactos explosivos en territorios afectados por el conflicto armado.

Al presentar el primer informe de seguimiento a esta política, la Procuraduría consideró alarmante que, con corte a agosto de 2020, según los registros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se hayan presentado 114 accidentes por minas antipersonal y artefactos explosivos de tipo improvisado, con un saldo trágico de 18 personas muertas y 96 heridas, cifra que supera lo reportado en 2019.

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El órgano de control rechazó la insistencia en el uso de minas antipersonal por parte de las organizaciones criminales y grupos armados ilegales, que entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020 dejaron 433 víctimas en comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y en miembros de Fuerza Pública, principalmente en los departamentos Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

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Entre 1990 y julio de 2020 han sido afectadas 11.892 víctimas, de las cuales el 60.1 % son militares y el 20 % civiles afectados

De lo anterior, 1.220 corresponden a niños, niñas y adolescentes. También ha habido un incremento en la proporción de víctimas civiles que alcanza al 58 % del total de las registradas desde 2017.

El informe insistió en la importancia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorice un macrocaso sobre métodos y medios ilícitos de guerra durante el conflicto armado, así como la necesidad de avanzar en la inclusión de sanciones propias que privilegien el desminado humanitario y el suministro de información.