Con el fin de prohibir la utilización del fracking para la exploración y explotación de petróleo en el país, 36 congresistas volvieron a radicar un proyecto de ley.

Algo que va en contravía del propósito del Gobierno nacional, que busca desarrollar proyectos piloto de fracking en cuatro municipios del país.

Varias asociaciones que están en contra de esta práctica expusieron sus puntos de vista tratando esta como un método de fracturación para la consecución del crudo.

El proyecto de los congresistas busca contribuir al cumplimiento efectivo de las metas del Acuerdo de París, a las que el Gobierno nacional se comprometió mediante la Ley 1844 de 2017.

Entre esos compromisos están la protección del medio ambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones, así como la prevención de conflictos socioambientales asociados a estas actividades.

Los líderes de la iniciativa argumentan que los impactos sociales y ambientales derivados de la explotación petrolera convencional son ampliamente conocidos.

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Además, esto ha motivado a comunidades, organizaciones y congresistas, a exigir un compromiso ambiental y social real por parte del ejecutivo.

«Se debe entender que la explotación de los hidrocarburos de yacimientos convencionales, bajo el estricto cumplimiento de las exigencias ambientales, deben apalancar por un corto lapso de tiempo, el paso a energías renovables. Los no convencionales, deben dejarse bajo el subsuelo por muchas razones, entre ellas su disminución casi total de producción en menos de tres años y su bajísima tasa de retorno energética», precisan en una comunicación oficial ambientalistas y congresistas.

La senadora Angélica Lozano, una de las participantes de la iniciativa, considera que el Congreso tiene la responsabilidad histórica de garantizar las condiciones ambientales que sustentan la vida actual y la de futuras generaciones.