La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) que ha permitido la reparación administrativa a un millón 70 mil personas afectadas por el conflicto armado interno, desde cuando fue promulgada, tiene enfrascada a la Comisión Primera del Senado.

En un fuerte debate con mutuas acusaciones entre senadores como Paloma Valencia, Roy Barreras, María Fernanda Cabal y Gustavo Petro, quienes tienen posiciones diferentes en relación con el texto de esta iniciativa que busca ser prórroga hasta agosto de 2030.

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“Mentiras”, “deje hablar”, “no utilicen políticamente a las víctimas”, son algunas de las expresiones que se han cruzado los congresistas.Es tal el punto de desencuentro que el presidente de la Comisión, el liberal Miguel Ángel Pinto, nombró en una subcomisión a los cuatro senadores arriba mencionados. Con el fin de saber si pueden llegar a un punto de consenso en relación con los segundos tenedores de buena fe, es decir, aquellas personas que compraron predios que les fueron despojados a la fuerza a millares de colombianos.