La Fiscalía General presentó ante un juez de control de garantías a Edilberto Suárez Cepeda, funcionario del CTI, y a su esposa Luz Emilia Chávez Chiriví, pensionada de la misma entidad, como presuntos responsables de extraer de manera ilegal, información reservada del sistema SPOA, el cual registra todas las actuaciones judiciales de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio.

 

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a la pareja el delito de violación de datos personales agravado, sin embargo, el cargo no fue aceptado.

 

 

De acuerdo con el material de prueba, Suárez Cepeda habría ingresado en 39 ocasiones, sin autorización u orden judicial, al sistema y obtuvo datos privilegiados sobre el estado de las indagaciones o investigaciones contra personas denunciadas por diferentes conductas delictivas.

 

El funcionario, al parecer, entregaba la información a su esposa, quien sería la encargada de compartirla a familiares, amigos o terceros que la contactaban para conocer detalles sobre los procesos en su contra.

 

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Estas irregularidades, supuestamente, ocurrieron entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Adicionalmente, hay indicios de posibles accesos ilícitos a la base de datos de la Registraduría.

 

Por la venta, alteración o eliminación de información contenida en el SPOA son investigadas otras siete personas, entre ellas, funcionarios y particulares. De igual manera, la Fiscalía obtuvo una condena vía preacuerdo.