El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, presentó un control de legalidad pidiendo que se decrete la nulidad de la decisión tomada en su contra por la Fiscalía delegada ante la Corte en la que se le impuso medida de detención preventiva.

El recurso fue radicado este martes vía correo electrónico ante el despacho del fiscal que lo investiga, quien a su vez deberá trasladarlo a la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia donde corresponde resolverlo.

En el documento de 133 páginas, el suspendido gobernador y su abogado Luis Alfonso Bravo, señalan que la decisión de la Fiscalía fue desproporcionada y arbitraria.

“No se cumplen tres fundamentos para esa medida de detención, como son: constituir un peligro para la sociedad, una posible fuga o la posibilidad de manipular las pruebas», dijo a NotiCentro1 CM& Gaviria desde su residencia en Medellín, donde permanece privado de la libertad por disposición de la Fiscalía.

Además, en el control de legalidad se destaca que el fiscal general, Francisco Barbosa, mediante una directiva le había ordenado a todos los fiscales que las detenciones procedieran únicamente en casos en los cuales la persona investigada representa un peligro.

“Estamos pidiendo la nulidad de la medida de la Fiscalía”, explicó el suspendido gobernador.

Una vez el fiscal delegado ante la Corte le traslade el documento a la Corte Suprema de Justicia, los magistrados tienen inicialmente diez días (hábiles) para resolverlo.

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“Tenemos confianza en la justicia colombiana, prevalecerán mi transparencia y el hecho de que soy inocente”, concluyó Gaviria.

El contrato que investiga la Fiscalía fue suscrito durante la pasada gobernación de Gaviria, en el año 2005, con el objeto de mejorar un tramo de la Troncal de la Paz entre La Cruzada y Caucasia, por un monto de algo más de 41 mil millones de pesos.