27/10/2017 

No para el rifirrafe entre el Gobierno y la Fiscalía General, por el proyecto de pequeños cultivadores de coca que fue presentado ante el Congreso y que los beneficiaría jurídicamente. 

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aunque salió en defensa del proyecto, aseguró que «las críticas» que existan entorno al proceso son bienvenidas.

Resaltó que este proyecto consagra un tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado «para pequeños cultivadores y no para narcocultivadores» por lo que indicó que el público objetivo son «personas que están dedicadas al cultivo pequeño para pode comer y sostener a sus familias».

Publicidad
No es verdad la despenalización, estamos abriendo un espacio para no judicializar a 100 mil familias, si no existiera este proyecto habría que abrir investigaciones a 400 mil personas pobres y encarcelarlas

agregó.

Afirmó que «las normas penales se mantienen y solo beneficia a los que se acojan al proyecto, solo beneficia a quienes se acojan voluntariamente a los programas de sustitución de cultivos y buscan afianzar una política de erradicación, los beneficiarios son los campesinos que se vinculan por una sola vez».

No obstante, aclaró que ello no significa que se quiten «competencias a la Fiscalía, ni al juez» pues se está dispuesto a hacer los ajustes que sean necesarios y los debates pertinentes durante su trámite en el Congreso.

«El escenario importante de este tipo de asuntos es el Congreso de la República, allí se pueden hacer todos los ajustes que el fiscal, ciudadanos y cualquier interesado pueda hacer (…) allí hay un punto que puede ser objeto de revisión, es el aspecto particular que tiene que ver con los narcocultivadores, en este caso se puede mantener las penas o hacer un ejercicio de dosimetría penal sin que implique impunidad, sino que corresponda a lo que es el principio de proporcionalidad», puntualizó.

Paola Santofimio CM&