En su informe titulado: El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia, las organizaciones de Derechos Humanos aseguran que el segundo año del Gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por la agudización de la violencia en el país. Es decir, por el retorno a la guerra.

“Este Gobierno nos está devolviendo a la guerra, hay un alto número de masacres en el país, han sido asesinados líderes sociales”, dice Aura Rodríguez, vocera de las plataformas de Derechos Humanos responsables del informe.

El informe es duro al señalar que el presidente Duque pasará a la historia nacional como el que propició de nuevo un escenario generalizado de violencia y que incumplió uno de los acuerdos más importantes que ha alcanzado el Estado colombiano con el respaldo de la comunidad internacional.

Según la investigación, es notable la expansión de grupos armados post-desmovilización, en especial en las zonas donde ya no hacen presencia las Farc.

Especial énfasis hacen los defensores de Derechos Humanos en el rebrote del paramilitarismo, esta vez los paras existen en 22 de los 32 departamentos del país.

Hoy son conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’, ‘Los Rastrojos’, Las Conquistadoras de la Sierra o ‘Pachenca’, ‘Los Caparrapos’ (sucesores de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá) y ‘La Constru’ (sucesores del frente sur del Putumayo).

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Según Aura Rodríguez: “la situación más complicada con la presencia paramilitar se da en Antioquia donde en sus 125 municipios se presenta un avance y reacomodamiento geoestratégico y territorial de estos grupos armados. Solo en este departamento entre 2018 y junio de 2020 se cuentan 630 homicidios, 56 desapariciones forzadas, más de 6.300 hechos de desplazamiento forzado y 145 líderes sociales víctimas de acciones violentas”.

En el Putumayo, revela el informe hay presencia de tres actores armados: disidencia de los frentes 48, 49, 31 y 1 de las Farc, una estructura paramilitar denominada “La Constru” y un grupo de 30 a 40 narcotraficantes, apoyado por el ‘Cártel mexicano de Sinaloa’, la violencia en esta región va desde la amenaza, hasta el sicariato, las masacres y el desmembramiento.

También hay amenazas de muerte dirigidas contra aquellas personas que se contagien de COVID-19.

En el sur de Córdoba denuncias las ONG’s de DD. HH. informan que se han registrado 14 desplazamientos, masacres, homicidios, desapariciones forzadas y hechos de reclutamiento forzado, así como hechos de violencia atribuibles a la Fuerza Pública.

Desde la firma del acuerdo final hasta julio de 2020 fueron asesinados 45 líderes y lideresas sociales, 23 de estos hechos se presentaron durante el actual Gobierno.

En el territorio hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (conocido como “Los Caparros”) y el nuevo frente 18 (Cacique Coyará) de las Farc-EP, quienes se disputan el control territorial y las economías ilegales.

Las organizaciones defensoras de DD. HH. insisten en una solución pacífica al conflicto armado “un imperativo para construir la paz en Colombia es concretar la perspectiva de la “solución política” con las organizaciones rebeldes que aún se encuentran en alzamiento armado y habilitar caminos de sometimiento de estructuras de criminales vinculadas a las llamadas economías ilícitas”.

Dice el informe: “aunque desde muchos sectores de la sociedad se sigue insistiendo en la necesidad de la negociación entre el Gobierno y Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta posibilidad pareciera cada día más lejana”.

Entre tanto, las poblaciones de zonas como el Chocó, el Catatumbo, el norte del Cauca, el Pacífico nariñense siguen sufriendo las consecuencias de la confrontación armada entre esa guerrilla y las Fuerzas Militares.

Dos caminos se proponen para aliviar, al menos temporalmente, la grave situación de estas comunidades: el de los acuerdos humanitarios territoriales y el cumplimiento de la Resolución 2532 del 1º de julio de 2020 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que exige a los estados miembros de la ONU propiciar un cese del fuego inmediato y global de los conflictos bélicos, cualquiera que sea su circunstancia, y se concibió como pausa humanitaria en favor de la población ante la pandemia de la COVID-19.

Según el extenso informe que contiene más de 500 páginas Duque, con sus medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 , se ha orientado a fortalecer al sector financiero, en vez de garantizar el derecho a la salud y una renta básica para la subsistencia de los sectores sociales vulnerables.

Dicen las ONG’s de Derechos Humanos que en los primeros tres meses el Gobierno expidió 164 decretos de los cuales apenas 11 se relacionan directamente con el sistema de salud.

“Esta realidad ha tenido varias consecuencias, quizás la más importante, es que el presidente Iván Duque ha gobernado por decreto en un sin número de temas, muchos de ellos sin guardar relación estricta con la pandemia y sin el respectivo control judicial y político, fortaleciendo un ejercicio autoritario y arbitrario del poder”, señala el informe.

En las políticas generadas durante la pandemia, dice el informe, se refleja una diferenciación profunda en la destinación de recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME) puesto que se han designado 60 billones de pesos en garantías de crédito para el sistema financiero, frente a 0.96 billones asignados al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud.

“El Gobierno solo ha ejecutado el 12 % del presupuesto destinado a conjurar la crisis: de $29.6 billones del presupuesto para atender la emergencia solo se han ejecutado $3.6 billones, la mayoría de esos recursos se han usado mediante la intermediación financiera: $2.3 billones”, asegura el informe.

Aunque técnicamente hablando, el Gobierno ha puesto atención a la pandemia, en la práctica, no la ha atendido directamente, sino que ha dejado esta labor en manos de terceros.

“No es posible encontrar una explicación razonable que excuse la baja ejecución de los recursos previstos para atender esta crisis; el Ministerio de Hacienda cuenta con $26.3 billones congelados con los que podría financiar tres meses de renta básica a unos nueve millones de hogares”, dicen los defensores de DD. HH. al evaluar el segundo año de Gobierno del presidente Iván Duque.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian el alto nivel de impunidad que se vive en el país.

“Se calcula que el 71.3 % de los delitos que ocurren, no son denunciados ante ninguna autoridad competente y al indagar sobre las razones para ello, se encuentra principalmente un alto nivel de desconfianza en la administración de justicia y de inoperancia de las autoridades que reciben las denuncias”, asegura la investigación de las organizaciones sociales.