En el marco del estudio que realiza la Corte Constitucional a una demanda que pide reformar la ‘Ley Antichancla’, sancionada por el presidente Iván Duque a finales de abril, el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respaldaron uno de los argumentos de los demandantes.

Pidieron que la Corte elimine del texto de la ‘Ley Antichancla’ el parágrafo que define al castigo físico como una medida de “crianza, orientación o educación”. Las entidades advierten que esa definición se considera “inconveniente”, pues claramente el castigo físico no es una forma de educación válida.

 

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Las entidades también solicitaron que la Corte establezca que es causal de pérdida de la patria potestad, o de la custodia de los hijos, cuando el castigo físico sea una conducta reiterativa o afecte la salud mental o física de los menores.

Para los casos de patria potestad, piden que la Corte establezca que “corresponderá al juez de conocimiento valorar en cada caso las circunstancias que rodean al menor afectado”.

El fin de la ‘Ley Antichancla’ es prohibir el castigo físico y los tratos crueles o degradantes como medida correctiva contra los niños en el hogar.