La Contraloría General de la Nación identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones a fallecidos para la atención y ayuda humanitaria y, en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Víctimas, que suman más de 82 mil millones de pesos.

De acuerdo al ente de control, desde el año 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605 víctimas del conflicto por un valor de $5,5 billones, por parte de las entidades nacionales.

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Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos.

Asimismo, se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones de pesos que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.

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También, se evidenciaron 289 registros de giros por valor de $1.941 millones de pesos con inconsistencias en el número del documento de identificación de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional.

De igual manera, la Contraloría evidenció 156 registros, por valor de $801 millones de pesos, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones de pesos que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.

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Del mismo modo, el ente de control encontró que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones de pesos, por ello, las autoridades realizaron un cruce de información de datos identificando 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones.  

La mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. El 65% de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.

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También afirman que identificaron 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos, por lo cual revisaron la base de datos de la Registraduría y evidenciaron que el documento del destinatario no se encuentra en esa base de datos.

Por otro lado, frente a los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde 2003, la Contraloría identificó 207 subsidios asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega.

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Estos subsidios legalizados fueron asignados en las modalidades de adquisición de vivienda (86%), arrendamiento (16%), mejoramiento/reparación (5%) y construcción en sitio propio (1%). El 85% de estos subsidios se concentraron en vigencias anteriores a 2010.

Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. Y se identificaron cuatro casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada.

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De igual forma, la Contraloría también evidenció que 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario, al cruzar con los datos de la Registraduría con programas como Mi Casa Ya, Vivienda Gratuita y Bolsa Desplazados.