Un estudio sectorial realizado por la Contraloría General de la República halló una serie de riesgos fiscales y de corrupción en la gestión de activos con fines de extinción de dominio a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El máximo órgano de control fiscal del Estado dividió en cinco puntos las posibles irregularidades e inconsistencias identificadas en el inventario de bienes de la mafia de la SAE.

  • 581 bienes inmuebles, cuya extensión es significativa en metros cuadrados y/o hectáreas, registran avalúo catastral por debajo de un millón de pesos.
  • El valor del avalúo catastral registrado por la SAE SAS de 1.316 bienes inmuebles es mayor que el avalúo comercial, diferencia que asciende a los $195.484 millones de pesos, cifra que puede interpretarse como una sub valoración de los bienes desde el punto de vista comercial.
  • No se tiene certeza sobre el estado físico del 57.5% (16.283) de los bienes inmuebles registrados en su inventario (28.343).
  • No se cumplen las políticas institucionales en materia de asignación de depositarios, generando concentración de bienes. Por ejemplo, 5
    depositarios superan el tope máximo de asignación establecido de bienes, mientras que 25 sobrepasan el tope en materia de sociedades.
  • No se ha gestionado en debida forma la entrega de bienes de la extinta FARC, conforme lo dispuesto en el Decreto 1535 de 2017.

Cabe recordar que hace algunas semanas el presidente Petro le solicitó al fiscal general Francisco Barbosa reconstruir el inventario de bienes de la SAE, advirtiendo que Colombia podría estar “ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia”.

El jefe de Estado había hecho el pronunciamiento en medio de la incógnita de la Contraloría sobre la gestión de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en la adjudicación de miles de bienes que hoy no aparecen en las listas de la SAE.