Human Rights Watch (HRW), acusó este miércoles al Gobierno de Iván Duque de promocionar a nueve generales vinculados con el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales encabezadas por el Ejército.

Entre los generales en cuestión figura el nuevo comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, cuyos subordinados están investigados por 23 «falsos positivos» en 2005 cuando ejercía la comandancia segunda de la Décima Brigada Blindada.

Acompañado de su investigación, HRW presenta un documento firmado por Martínez Espiner correspondiente al pago de un millón de pesos a un informante por operaciones que resultaron con la muerte de dos civiles (entre ellos una niña) que se hicieron pasar como guerrilleros de las Farc.

Se conoce como «falsos positivos» a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros en el contexto de la guerra con las Farc y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010).

La ONU informó en 2011 de que se investigaban al menos 3000 «falsos positivos» en una práctica «sistemática», aunque estimaciones posteriores han situado la cifra en unos 4200.

El año pasado la Fiscalía presentó 2248 casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes de guerra en virtud del acuerdo de paz con las Farc.

La denuncia presentada hoy por HRW indica que tres de los nueve generales promocionados están siendo investigados directamente, mientras que los otros seis por acciones de sus soldados.

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Adicionalmente Martínez Espinel, los otros generales son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

Todos ellos promocionados con el presidente Duque a comandancias del Ejército y que juntos se les vincula con más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales.

La organización, ha denunciado con insistencia los obstáculos de los gobiernos de Colombia a las investigaciones sobre los «falsos positivos» y que los comandantes responsables se han librado de las condenas que, en su gran mayoría, han recibido los soldados.

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