En 20 años adicionales y no en 15 como estaba previsto, se lograría la implementación del Acuerdo Final de Paz, advirtió la Contraloría General de la República (CGR).

Si bien el ritmo de la implementación se aceleró considerablemente en el año 2021, y la tendencia muestra un promedio de $7,7 billones anuales a 2022, se requerirán mayores esfuerzos en los próximos años para cumplir con lo contemplado en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo (PMI).

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Quiere decir esto que siguen latentes los riesgos de desfinanciamiento, señalados en informes anteriores hechos por CGR.

En 2021 la Contraloría realizó un ejercicio de costeo del Acuerdo Final, liderado por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde se estimó que tendría un costo de $154,9 billones para ser ejecutado en un periodo de 15 años, entre 2017 y 2031. Y el análisis de la Contraloría muestra ahora que pueden faltar otros 5 años.

Hallazgos encontrados por la Contraloría

En su seguimiento, que cobija el período comprendido entre la firma del Acuerdo Final y marzo de 2022, la CGR determinó situaciones como las siguientes:

  • Después del primer quinquenio de la implementación del Acuerdo Final, la Contraloría identificó una ejecución de $39,7 billones de 2021 durante el periodo 2017-2021, es decir, un 87 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017 para este mismo periodo, y un 25 % de avance frente al costeo total de $154,9 billones de 2021 dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI).
  • En 2021 se registró una ejecución de $14,24 billones, 2,3 veces más que el promedio histórico observado entre 2017 y 2020, el cual fue $6,4 billones de 2021. Aumento que se hizo posible gracias a los mayores aportes del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías (SGR), éste último por cuenta de los adelantos de recursos provenientes del OCAD Paz.

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  • A marzo de 2022, la principal fuente de financiación de la implementación ha sido el Presupuesto General de la Nación, el cual ha aportado el 67 % de los recursos, seguido por la Cooperación Internacional con un 17 % y el Sistema General de Regalías con un 10 %.
  • El seguimiento de la Contraloría ha identificado que a marzo de 2022 el 68 % de estos recursos se han orientado a la Reforma Rural Integral; el 11 % a la solución del problema de drogas; el 9 % a víctimas del conflicto y el 8% al fin del conflicto.

En esta medida, la Contraloría reiteró el riesgo por desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación.

Así, por ejemplo, mientras el pilar Educación Rural concentra el 23 % de la ejecución acumulada a 2021, el de Ordenamiento Social de la Propiedad que incluye apuestas como la implementación del catastro multipropósito, solo concentra el 3 % de las asignaciones presupuestales.