Imputan cargos a cinco vinculados con Centros Poblados
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La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación a favor de terceros a cinco involucrados en el escándalo Centros Poblados, quienes habrían usado el anticipo de los 70 mil millones entregado por MinTIC para gastos personales.
Se trata de Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, dueños de algunas de las empresas que conformaban la unión temporal Centros Poblados; así como al contratista Emilio Tapia, Juan José Laverde de la agencia de seguros Rave, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión temporal.
Los tres últimos enfrentan actualmente un proceso por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, por haber logrado la adjudicación del contrato al parecer presentando garantías bancarias falsas.
El contratista Emilio Tapia no asistió a la audiencia debido a fallas de conexión con la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido.
Ninguno de los acusados aceptó los cargos.